La Fiscalía y los abogados de Begoña Gómez han requerido al magistrado Juan Carlos Peinado que concluya la investigación sobre la posible malversación en la contratación de Cristina Álvarez como consejera en Moncloa. Paralelamente, desde las partes acusadoras se ha instado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sean llamados a declarar como testigos.
Según informan fuentes legales a Europa Press, tanto el Ministerio Público como Antonio Camacho, exministro y letrado de Gómez, han manifestado esta posición en una sesión que se extiende más allá de noventa minutos, enmarcada dentro de lo estipulado por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
El juez a cargo de la Instrucción Número 41 en Madrid ha convocado esta audiencia con la finalidad de notificar a los implicados —Begoña Gómez, su consejera y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre— sobre la conversión de las diligencias en este segmento separado, preparando el terreno para un posible juicio por malversación ante un jurado popular.
Los tres investigados no se presentaron físicamente en el juzgado, optando por enviar solo a sus representantes legales, amparándose en una normativa de la Fiscalía fechada el 29 de diciembre de 1995, que establece que no es esencial la presencia de los investigados en este tipo de actos, ya que no se realizan actos instructivos ni se recogen declaraciones de los imputados.
Esta sesión se lleva a cabo seis meses después de que el juez decidiera abrir una pieza separada para indagar posibles irregularidades en la asignación de funciones a la trabajadora de Moncloa y si ésta realizó labores privadas para la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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