La organización Hazte Oír, actuando como acusación popular, ha requerido al magistrado Juan Carlos Peinado que realice una investigación sobre los bienes de Cristina Álvarez, quien fuera nombrada asesora de Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, en julio de 2018. Adicionalmente, han pedido al juez que ordene a la Agencia Tributaria que “remita declaraciones de la renta” de Álvarez desde el año 2018 hasta 2024.
En un documento presentado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, y que ha sido consultado por Europa Press, se recogen los argumentos que se expusieron en una vista reciente. Durante esta, se comunicó a las defensas de Gómez, Álvarez y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que en caso de proceder a juicio por el delito de malversación, serían juzgados por un jurado popular.
El escrito también solicita que Pedro Sánchez, en su doble rol de presidente del Ejecutivo y esposo de la investigada, testifique “para esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia” que pudo tener respecto a las actividades de Álvarez y de “la desviación sistemática de recursos de la Presidencia del Gobierno para fines privados”. Además, piden la declaración de Félix Bolaños y de Judit González, así como un careo entre Alfredo González y Álvarez.
Las acusaciones calculan que el perjuicio económico al erario público asciende a 320.834 euros, correspondientes al salario de Álvarez desde julio de 2018 hasta diciembre de 2024. Alegan que Gómez era “plenamente consciente de la diferencia entre su agenda pública y su esfera privada” y que utilizó el trabajo y recursos del Estado en beneficio propio. También señalan a Francisco Martín Aguirre por permitir esta desviación de fondos y recursos públicos.