QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El 10 de noviembre arrancará en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio por jurado popular contra el acusado de asesinar a un matrimonio y su hija en Chiloeches en abril de 2024. El proceso se extenderá hasta el 19 de noviembre, y la Fiscalía ha propuesto la pena de prisión permanente revisable para F.P.S., de 29 años, señalado como el presunto autor material de los hechos, además de solicitar 5 años de encarcelamiento para los otros dos implicados.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, al que ha accedido Europa Press, se propone imponer a F.P.S. prisión permanente revisable y deshabilitación absoluta durante el periodo de la condena por los asesinatos de A.E.V. (52 años), E.F.G. (53 años) y L.V. (22 años), sumando otros 5 años por robo con violencia en domicilio y uso de arma y 3 años adicionales por daños debido al incendio provocado en la vivienda.
En el aspecto civil, se exige a F.P.S. una compensación de más de 560.000 euros, destinando 400.000 euros a Y.V.F., hijo y hermano gemelo de la hija también fallecida, y más de 163.000 euros para cubrir los daños en el chalé a favor de Mutua Madrileña.
Por otro lado, C.B.M. y D.M.A. enfrentan cada uno una condena de 5 años por su papel de “cooperadores necesarios” en el delito de robo con violencia. Según la acusación, C.B.M., pareja de L.V. en aquel entonces, planificó el robo junto a F.P.S. al creer que la familia poseía objetos de valor considerable.
El 12 de abril de 2024, F.P.S., armado y con la ayuda de D.M.A., irrumpió en la casa y cometió los asesinatos, excediéndose en su plan inicial según indica la Fiscalía. Tras el crimen, sustrajo varios objetos de valor y provocó un incendio para encubrir los hechos, siendo capturado dos días más tarde. Actualmente, solo F.P.S. permanece en prisión.
El juicio, que contará con la participación de un jurado popular, evaluará la responsabilidad de los acusados basándose en una serie de pruebas y testimonios. La prisión permanente revisable, introducida en España en 2015, representa la condena más severa del Código Penal y permite revisiones periódicas tras un periodo mínimo de cumplimiento.
