La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel para un hombre, previamente condenado por resistirse a la autoridad, por agredir y amenazar a un miembro de la Guardia Civil durante un operativo el sábado 9 de agosto en Roquetas de Mar, Almería.
El juicio por estos hechos está programado para el 1 de octubre, donde la abogada Marta Ortiz representará al agente agredido, actuando en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Según el documento enviado al Tribunal de Instancia, al que Europa Press tuvo acceso, cerca de las 20:00 horas, el acusado estaba golpeando la puerta de la casa de su tía, a pesar de tener una orden de restricción. Dos guardias civiles llegaron al sitio y le pidieron que se retirara.
En ese instante, el acusado se lanzó violentamente contra uno de los agentes mientras lanzaba amenazas de muerte e insultos, siendo sometido por los oficiales. Durante su traslado a la estación de policía, continuó pateando tanto a los agentes como al vehículo oficial.
Ya en la estación, continuó golpeando la puerta de la celda y manteniendo sus amenazas e insultos. En el forcejeo inicial, un guardia resultó con un traumatismo en la mano derecha que necesitó atención médica y cuatro días de recuperación, aunque no impeditivos.
El Ministerio Público califica estos actos como un delito de atentado contra agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones, añadiendo la agravante de reincidencia, debido a que el acusado ya fue condenado el 25 de junio por un delito similar.
Además de la pena de prisión, se requiere una multa de dos meses a diez euros diarios y el pago de 240 euros de indemnización al agente lesionado, más intereses legales.
Este incidente se añade a la condena reciente de un hombre por agredir a dos guardias civiles el 3 de agosto en la localidad de San Isidro, en Níjar. En ese caso, se dictó una pena de cuatro meses de cárcel y compensaciones por lesiones y daños materiales.
Tras esa sentencia, la AUGC demandó penas más severas para estos crímenes y que se reconozca a la Guardia Civil como ‘profesión de riesgo’. También destacaron la ‘falta de recursos’ para manejar situaciones de ‘agresividad extrema’, como la ausencia de pistolas táser o cámaras corporales, lo que compromete la seguridad de los agentes y la población.