La Abogacía del Estado ha solicitado al magistrado Juan Carlos Peinado que concluya la investigación en torno al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, argumentando que no tuvo ninguna implicación en la elección de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Esta petición también incluye una oposición a que Martín Aguirre sea enjuiciado por un jurado popular en el supuesto de avanzar a juicio por una acusación de malversación de fondos públicos.
En un documento al que Europa Press ha tenido acceso, presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se recogen los argumentos defendidos el 27 de septiembre durante una sesión que contemplaba la posibilidad de un juicio por jurado popular para los implicados en el caso de malversación.
Al igual que la Fiscalía, la Abogacía ha requerido al juez instructor que archive la pieza separada que investiga posibles desvíos de dinero público en la contratación de Álvarez y si esta realizó tareas privadas para la esposa del presidente del Gobierno.
Los abogados estatales negaron que Martín Aguirre interviniese en el nombramiento de Álvarez, destacando que «No intervino de ningún modo en dicho nombramiento» y argumentaron que su nombramiento como secretario general de la Presidencia fue el 20 de julio de 2021, tres años después de los hechos investigados, eximiéndolo de cualquier responsabilidad en la decisión de contratar a Álvarez en 2018.
Según la Abogacía del Estado, la ausencia de delito en los hechos investigados y la falta de pruebas justifican completamente el sobreseimiento del caso respecto a Martín Aguirre. Además, recalcaron que «cualquier supuesta apariencia inicial de irregularidad ha quedado desmentida con la documentación existente en la causa y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo».