La representación legal de Begoña Gómez, cónyuge del líder del ejecutivo español, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que prohíba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examinar los correos electrónicos intercambiados desde su cuenta oficial en la Presidencia desde julio de 2018, fecha en la que fue nombrada su asesora, Cristina Álvarez.
Mediante un recurso de apelación inmediato, presentado el lunes y al cual Europa Press tuvo acceso, se pide anular la orden del juez Juan Carlos Peinado que requiere que Presidencia entregue dichos ‘emails’ para su análisis dentro del proceso judicial en su contra por la supuesta malversación en la contratación de su asesora.
«El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica», argumenta la defensa.
En la misma providencia, el juez Peinado también solicitó a Moncloa que proporcionase «el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia, así como el nombre de quiénes «han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha».
Antonio Camacho, exministro socialista y abogado de Gómez, refuta cualquier acto de malversación en la contratación de la asesora y afirma que «la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación».
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