Solicitud de cárcel para el hermano de Ximo Puig y su socio por delitos de estafa y falsedad

Archivo - Francis Puig, hermano del president de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresas, a 23 de mayo de 2022, en Valencia (archivo)Rober Solsona - Europa Press - Archivo

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto una pena de prisión de cuatro años para Francis Puig, hermano del exlíder de la Generalitat Ximo Puig, acusado de falsedad documental y estafa en la adquisición de subvenciones destinadas a entidades de comunicación. Además, Juan Enrique Adell Bover podría enfrentarse a tres años de cárcel por cargos similares.

El escrito de acusación, que fue enviado al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, fue divulgado inicialmente por Las Provincias y revisado por Europa Press. La Fiscalía sugiere que Francis Puig debería recibir, además de la pena de prisión, una multa de diez meses, calculada a 20 euros diarios, y una inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena, con una responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago.

Para Adell Bover, se recomienda una sanción similar por su participación necesaria en los delitos de falsedad continuada en documento mercantil y estafa agravada.

En enero, el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia decidió procesar a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bovell, quienes dirigían Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente. Esto se dio dentro de una investigación sobre subvenciones públicas concedidas entre 2015 y 2018 para fomentar el uso del valenciano en los medios, que beneficiaron también a Mas Mut Produccions SL.

El juez, tras la instrucción, indicó que los hechos podrían constituir delitos de estafa y falsedad documental, descartando el delito de fraude en subvenciones al no superar los fondos recibidos indebidamente la cifra de 120.000 euros, umbral necesario según la ley en ese momento.

El auto de procedimiento abreviado reveló que se emplearon facturas falsas, sociedades instrumentales y actividades no vinculadas a las subvenciones como métodos para su obtención, lo que resultó en un enriquecimiento ilícito de las empresas gestionadas por los acusados.

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