La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al tribunal que se dirija al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la «reparación integral» del exjuez Baltasar Garzón, tras considerar que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al ser condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación al ordenar escuchas a los abogados de los principales implicados en el ‘caso Gürtel’.
Según un documento obtenido por Europa Press, el fiscal Manuel Campoy ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que obligue a la Administración Pública a «borrar y eliminar los antecedentes penales» de Garzón y a tomar medidas para prevenir futuras infracciones similares.
La Fiscalía demanda también la creación de «proyectos normativos adecuados, que establezcan las medidas necesarias, para asegurar en adelante y de manera efectiva la imparcialidad en los procesos judiciales, la revisión por un tribunal superior y regulaciones claras y precisas que definan exactamente la conducta prohibida».
Además, pide que se publique en el Boletín Oficial del Estado el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2021 que concluyó que el Tribunal Supremo infringió el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena y la pena del exmagistrado durante su inhabilitación.
La Fiscalía también solicita que se rechace la desestimación por silencio administrativo de la Administración Pública demandada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, respecto a la solicitud del demandante sobre la implementación del dictamen, y que se ordene la compensación por daños y perjuicios en la cantidad reclamada por el demandante o la que se determine posteriormente.
El dictamen de Naciones Unidas señaló que Garzón no contó con un tribunal independiente e imparcial en sus casos y estableció la necesidad de que España compensara al exmagistrado por los daños sufridos, además de tomar medidas para evitar futuras violaciones.