La Audiencia Provincial de Almería, a través de su Sección Segunda, ha decretado el embargo de ingresos y propiedades de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 de Gabriel Cruz, con el objetivo de cubrir la indemnización de 500.000 euros destinada a los progenitores del niño asesinado.
Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el letrado de la Administración de Justicia firmó el 8 de octubre un decreto para embargar el salario que Quezada percibe en la prisión de Brieva (Ávila) —aproximadamente 200 euros—, así como cualquier otro ingreso o asignación que pudiera recibir por otras vías.
La sentencia emitida en septiembre de 2019 estipulaba que Quezada debería pagar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por concepto de daños morales, adicionalmente establecía en 200.203 euros la suma por los gastos generados al Estado por la búsqueda del niño, que se extendió casi dos semanas.
Prensa Ibérica reporta que desde la sentencia, Quezada ha pagado tan solo 467 euros a los padres del ‘pescaíto’, a pesar del tiempo transcurrido desde la primera decisión judicial, que se hizo firme en febrero de 2020 por el TSJA.
Por otro lado, la defensa de Quezada ha apelado la decisión, argumentando que los ingresos previos de su cliente por trabajos dentro de la cárcel no alcanzan el salario mínimo y serían «inembargables», señalando además que el resto de su peculio proviene de ayudas de personas cercanas.