El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye el ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, ha convocado para este jueves a los peritos firmantes de los informes de la Guardia Civil y de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con el fin de contrastar sus conclusiones sobre la autenticidad de las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, consideradas una de las pruebas clave de la investigación, ante las “discrepancias” detectadas entre periciales.
En una resolución a la que tuvo acceso Europa Press, Puente detalla que resulta imprescindible tomar declaración a los dos peritos de parte y a los cuatro especialistas del Instituto Armado “a fin de aclarar, completar o precisar” el alcance de sus dictámenes antes de proceder a su valoración judicial.
El juez subraya que es “relevante” determinar, “hasta donde resulte técnicamente posible, los extremos relativos a si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias (…) fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron” —los teléfonos intervenidos durante el registro en el domicilio de Koldo García— “o si pudieran proceder de otros archivos de audio”.
La finalidad de esta diligencia es concretar “si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición”.
Puente adopta esta decisión después de que la defensa de Cerdán presentara el pasado 26 de noviembre un informe pericial en el que se concluye que los audios analizados presentan “incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas”, algo que, según los dos expertos que lo suscriben, solo sería compatible “por exportación, reensamblaje o manipulación técnica”.
Los peritos de parte sostienen, además, que dichas “irregularidades” no pueden calificarse como “accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS”, el sistema de los iPhones utilizados para las grabaciones.
Ese dictamen encargado por la defensa añade que el nivel de calidad de los archivos “no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor”, de modo que, a su juicio, “no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno”.
En la misma línea, los expertos apuntan a una “deficiencia crítica en las pericias oficiales”, así como a una “ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica”, al advertir que “no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación”.
Sin cerrar otras posibilidades, los peritos no excluyen “orígenes alternativos” para los audios, como la “captación remota mediante ‘spyware’”, por lo que concluyen que “cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable”.
La estrategia procesal de la defensa de Cerdán ha consistido en cuestionar de forma constante la autenticidad de las grabaciones, al sostener que quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes podría haber actuado como “agente encubierto” de la Guardia Civil y haber fabricado o alterado los audios o, al menos, inducido determinadas conversaciones, sabiendo que las estaba registrando.
Los letrados del exdirigente socialista también han puesto sobre la mesa en sus escritos la hipótesis de que se hubiera recurrido a un programa de espionaje tipo Pegasus para obtener las conversaciones, recordando que distintos juzgados ya investigan presuntos seguimientos mediante ese ‘spyware’.
Cerdán ordenó la elaboración de este informe alternativo después de que los especialistas del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil entregaran en septiembre su propio dictamen, solicitado por Puente para aclarar si las conversaciones intervenidas a García “fueron grabadas directamente en los referidos terminales o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquellos”.
La Guardia Civil respalda la validez de las grabaciones
En su informe, los peritos de la Guardia Civil afirmaron que no detectaron “trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS –propio de los iPhones– relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio”.
Según detallan, los archivos analizados no muestran signos de edición y las características de las grabaciones se corresponden con el tipo de grabadora y con el modelo de dispositivo móvil examinado.
Con todo, precisan que, “aunque la relación de los archivos de audio encontrados en el indicio digital mantiene los metadatos de fecha de creación y modificación, la ausencia de registros y archivos de configuración complementarios que pudiera gestionar el dispositivo limita la fiabilidad para establecer con precisión el momento exacto en que fueron grabados, no pudiendo establecer un cronología de hechos fiable”.
En este sentido, explican que, dado que el propio terminal utilizado para registrar las conversaciones “no guarda archivos de configuración donde se refleje una configuración horaria definida por el usuario”, resulta complicado “precisar con exactitud las fechas reales de grabación”.
En otro dictamen centrado en el análisis acústico de esos mismos audios, la Guardia Civil concluyó que “es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre los archivos dubitados si la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera, que si se considera verdadera la hipótesis contraria”.
Los especialistas del Instituto Armado sí detectaron algunas anomalías, como la existencia de archivos en los que “la fecha de etiquetado distaba seis meses de la de grabación”, la ausencia de “metadatos de fecha/hora interna, lo que limita la trazabilidad temporal directa”, y la necesidad de “realizar estudios posteriores” para completar la evaluación técnica.