El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido convocar nuevamente a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y a Koldo García, su anterior asesor, para que declaren como investigados los días 15 y 16 de octubre respectivamente. Esta decisión se toma tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala posibles «ingresos irregulares y opacos» en el patrimonio de Ábalos y su conexión financiera con García.
El magistrado identifica «consistentes indicios» de que los patrimonios de ambos podrían tener intersecciones significativas, con García asumiendo supuestamente gastos personales de Ábalos, como la manutención de un hijo, sueldos a la empleada del hogar, regalos, pagos de hipotecas, viajes y otros gastos personales, sumando una cantidad económica considerable.
Según Puente, las cuentas bancarias de Ábalos no muestran compensaciones para García por estos gastos, lo que sugiere que es posible que García realizara estos pagos en beneficio de Ábalos sin recibir nada a cambio, o que Ábalos podría haberle reembolsado de formas no registradas bancariamente.
El magistrado también apunta a la posibilidad de que Ábalos se beneficiara de fuentes de ingresos no regulares, lo cual estaría alineado con acusaciones de recibir dinero en efectivo ilegalmente. Además, destaca que desde 2018 hasta 2023, Ábalos no retiró efectivo de sus cuentas, una práctica que cambió a partir de 2024.
Estos indicios, según el juez, contradicen las declaraciones previas de Ábalos, donde minimizaba su relación con Koldo a la de un asesor que ocasionalmente le hacía recados personales.
Finalmente, el magistrado enfatiza que ambos deberían ser interrogados de nuevo, tanto por las nuevas evidencias presentadas por la UCO como por información previamente obtenida, para determinar los pasos a seguir.
Es relevante recordar que el informe de la UCO reveló que Ábalos manejó 95.437,33 euros sin trazabilidad bancaria, incluyendo 20.799,40 euros en gastos personales financiados por una fuente de ingresos no declarada, y que recibió pagos en efectivo del PSOE, parte de los cuales no contaban con justificación documental.