Este martes a las 10.30 horas, el Tribunal Supremo (TS) llevará a cabo una audiencia, que se realizará a puerta cerrada, para revisar el recurso interpuesto por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien busca anular la decisión del magistrado del ‘caso Koldo’ que le impuso prisión provisional. Cerdán está acusado de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, siendo señalado como presunto líder de una red corrupta relacionada con adjudicaciones de obra pública.
La Sala de Apelación del alto tribunal, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente, acordó estudiar la petición de la defensa de Cerdán. En su recurso de apelación, la defensa solicitó al Supremo la liberación de Cerdán de forma ‘inmediata’, argumentando la falta de ‘indicios suficientes’ y proclamándose víctima de una ‘causa general’.
En su recurso, Cerdán criticó al magistrado instructor, Leopoldo Puente, por su enfoque ‘inquisitivo’ y ‘contra reo’, y comparó su situación con la del presunto facilitador en el caso de las mascarillas, Víctor de Aldama, insinuando que su encarcelamiento buscaba forzar una ‘confesión’. Además, cuestionó la fiabilidad de las grabaciones hechas por el ex asesor ministerial Koldo García desde 2019 hasta 2023, que son una de las principales evidencias en su contra, etiquetando a García como ‘un posible colaborador policial’.
Cerdán también defendió su ‘interés’ en las obras públicas que discutía con Koldo y con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, explicando que su rol era actuar como ‘interlocutor entre el partido y el Gobierno’, especialmente en periodos previos a campañas electorales para resolver problemas en algunas obras estancadas. Contrariamente a las acusaciones, negó ser ‘el encargado de repartir el botín’ y atribuyó a la ‘creatividad judicial’ el cálculo de que las supuestas mordidas sumarían 5 millones de euros.
Adicionalmente, minimizó la importancia de un contrato privado que lo señalaría como dueño del 45% de Servinabar, una empresa implicada en las supuestas corruptelas, alegando que, al no estar formalizado mediante escritura pública, solo tiene efectos entre las partes involucradas, él y el empresario Antxon Alonso, quienes decidieron anular el acuerdo.
Recientemente, se reveló que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió información a Instituciones Penitenciarias sobre las visitas a Cerdán en la cárcel de Soto del Real, incluso con ‘antelación’. La prisión informó a Puente, quien instó a seguir la normativa correspondiente. La defensa de Cerdán ha calificado esto como un grave ‘atropello’ a sus derechos.