Un taxista enfrenta acusaciones de haber abusado de amigas de sus hijos y de crear material pornográfico. El juicio, que tuvo lugar recientemente, lo encontró negando haber cometido abusos sexuales desde finales de 2021 hasta octubre de 2023, ofreciendo regalos y drogas a cambio de favores sexuales. El acusado se encuentra bajo la petición de la fiscalía de 36 años de cárcel por diversos delitos relacionados con la corrupción de menores y la producción de pornografía infantil, entre otros.
La alerta inicial fue dada por los padres de una de las menores, tras varios ingresos hospitalarios relacionados con la drogadicción. A partir de ese momento, el caso fue asignado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (FAM) de la Policía Nacional. Tras la conclusión de las pruebas, la fiscal ha reafirmado su solicitud de condena, basada en los testimonios de las víctimas, quienes declararon por videoconferencia y cuyos relatos se consideraron consistentes y creíbles.
La fiscalía sostiene que el acusado, aprovechando la visita de amigas de sus hijos a su casa en Carabanchel, estableció contacto con varias menores, ofreciéndoles dinero, drogas como cocaína, marihuana y hachís, y regalos a cambio de contactos íntimos. Por otro lado, la defensa ha cuestionado la credibilidad de las menores, mencionando su inmadurez y alegando que buscaban beneficiarse de los regalos, y ha pedido la absolución de los cargos de corrupción de menores argumentando que las menores estaban previamente involucradas en el consumo de drogas.
En su defensa, el acusado negó haber tenido contacto físico inapropiado con las menores o haberles dado drogas y afirmó: “Nunca tuvo intención de hacerlas nada. Las llevaba de un lado a otro hasta que vi que se estaban pasando conmigo”. Sin embargo, la investigación de su teléfono móvil por parte de la Policía Nacional reveló pruebas contundentes como contactos con menores y la recepción de fotos de las niñas desnudas, además de vídeos de índole sexual.
El fiscal ha pedido además que, en caso de ser condenado, se le impongan medidas de libertad vigilada de entre cinco y diez años, y penas de inhabilitación para ejercer la patria potestad y cualquier profesión que implique contacto regular con menores por hasta veinte años.