El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para abordar en su próxima sesión plenaria el conflicto de competencias suscitado por el Senado tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una reforma legal que facilitó la reducción de penas a miembros de ETA, mientras que también retomará las deliberaciones sobre la amnistía, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El Senado presentó ante el TC esta disputa institucional con el Congreso derivada del acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja el 15 de octubre de 2024 sobre la reforma de la ley de intercambio de información de antecedentes penales y resoluciones judiciales penales en la UE, adaptándola a la normativa del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
La ponencia, liderada por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, propone aceptar a trámite este conflicto de competencias y se anticipa que obtendrá el respaldo del Pleno, según las mismas fuentes.
En particular, el Senado criticó la decisión del Congreso de enviar para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que permite a presos de ETA conmutar las penas cumplidas en el extranjero. El acuerdo rechazó la oposición del Senado a la llamada ‘ley Txapote’, cerró el procedimiento y remitió el texto legislativo al Gobierno para su publicación en el BOE.
“El objetivo del Senado es defender su plena soberanía frente a quienes lo ven como una Cámara sometida al Congreso y adormecida”, indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.
EL VETO DEL SENADO
La norma fue inicialmente aprobada por unanimidad en el Congreso, pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó posteriormente de que la convalidación de penas también beneficiaba a presos etarras. Esto llevó a que el PP y Vox retiraran su apoyo durante la última fase parlamentaria en el Senado.
La mayoría ‘popular’ en el Senado y un informe de la Secretaría General interpretaron este rechazo como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la enmienda a la totalidad correspondiente.
El grupo del PP en el Senado solicitó en varias ocasiones a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la Cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto ante el TC, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2024.
Desde la Mesa del Congreso, en respuesta, la mayoría formada por el PSOE y Sumar reafirmaron la aprobación de la ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había excedido en los plazos para vetar la ley.
“Y suplanta, finalmente, al Tribunal Constitucional, atribuyéndose una posición juzgadora de la conformidad constitucional, de los acuerdos del Pleno del Senado, que no está reconocida por ninguna jurisprudencia habida hasta ahora de este tribunal”, añadieron.
LA AMNISTÍA VUELVE AL TC
Además, esta semana la corte de garantías reanudará el debate sobre la amnistía para aplicar la doctrina ya establecida el pasado junio, cuando validó la ley, a los recursos presentados por Murcia, Andalucía, Valencia y Castilla y León y a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Hasta ahora, el Constitucional se ha pronunciado sobre los recursos presentados por el PP y por las Cortes de Aragón, así como sobre la pregunta formulada por el Tribunal Supremo (TS).
En su primera sentencia, declaró constitucional la mayor parte de la ley dand…