El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aplazar hasta septiembre la evaluación de la solicitud de amparo introducida por Carles Puigdemont, el ex presidente de Cataluña. Esto incluye una medida extremadamente urgente que busca anular la orden de arresto en su contra, emanada del Tribunal Supremo (TS), que se negó a concederle amnistía por la malversación en el ‘procés’.
Puigdemont argumentó en su solicitud presentada recientemente que la orden de detención, emitida por el magistrado del TS, Pablo Llarena, debería ser suspendida. Según él, esta acción es ‘imprescindible’ no solo para asegurar el éxito del amparo, sino también porque ‘plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo y en funciones’.
El TC ha programado discutir la admisión del recurso y las medidas urgentísimas en su primer Pleno de septiembre, después de que las demandas de amparo presentadas tanto por Puigdemont como por los ex consejeros Lluís Puig y Antoni Comín fueran añadidas a la agenda del Pleno, según fuentes de la corte de garantías.
El caso de Puigdemont ha sido asignado a la magistrada progresista Laura Díez, mientras que los casos de Puig y Comín serán manejados por los magistrados conservadores César Tolosa y Enrique Arnaldo, respectivamente.
Según fuentes internas, no se percibe urgencia por parte del TC en resolver estos asuntos hasta la fecha mencionada. Además, señalan que es raro que se concedan medidas de urgencia extrema en situaciones donde la posición del solicitante no ha experimentado cambios significativos en años, como es el caso de Puigdemont, quien ha estado prófugo durante casi ocho años.