En la reciente sesión judicial, se ha intensificado el enfrentamiento entre los representantes de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) y la defensa del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Los agentes han reiterado su acusación hacia García Ortiz, señalándolo como el presunto autor de filtraciones, acusación que ha sido criticada por la abogada del Estado por considerarla basada en “meras inferencias”.
Tres miembros de la UCO, incluido el teniente coronel Antonio Balas, han reafirmado las conclusiones de su informe, que atribuye a García Ortiz un papel crucial en la filtración de un correo crucial para la causa. Este correo fue enviado por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, proponiendo un acuerdo para reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel. Según el juez, el fiscal general filtró esta información a ‘Cadena SER’ el 13 de marzo.
Los agentes han defendido su posición alegando una “coincidencia temporal” y el acceso exclusivo de la Fiscalía General del Estado al documento filtrado, aunque la abogada del Estado, Consuelo Castro, ha destacado que más de 600 personas podrían acceder a dicha información.
A su vez, los agentes han señalado un ‘modus operandi’ en las acciones de García Ortiz, destacando comunicaciones y la preparación de un comunicado de prensa como evidencia de su control sobre la situación. Además, han comentado sobre los indicios de un borrado de datos en el móvil del fiscal tras ser encausado, lo que añade más controversia al caso.