Hoy a partir de las 13:00 horas, el Congreso evaluará si Teresa Peramato posee los méritos y requisitos necesarios para suceder a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras la renuncia de este último debido a una condena de dos años de inhabilitación por revelar secretos que afectaron a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.
La sesión de Peramato ante la Comisión de Justicia es un paso obligatorio según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), y aunque esencial, no tendrá carácter decisivo. Esta comparecencia sigue a la aprobación del Consejo General del Poder Judicial el 26 de noviembre, donde se afirmó que «Reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado».
El procedimiento incluirá una exposición detallada de su trayectoria profesional por parte de Peramato y un espacio para que los portavoces de los diversos grupos parlamentarios realicen preguntas y expresen sus valoraciones.
REQUISITOS PARA EL CARGO
El Estatuto establece que el cargo debe ser ocupado por un jurista español de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio. Peramato, con 35 años de experiencia y una destacada labor en contra de la violencia de género, cumple con estos criterios. Además, no ha ocupado posiciones gubernamentales recientes que la inhabiliten según las normativas vigentes.
La última revisión de un fiscal general por parte del Congreso fue especialmente tensa, marcada por críticas de varios partidos hacia García Ortiz. Ahora, con el mandato de cuatro años en juego, Peramato espera no solo ser aprobada, sino también iniciar su período evitando la politización que ha ensombrecido a sus predecesores.
Una vez aprobada, Peramato jurará el cargo ante el Rey y asumirá su posición en el Tribunal Supremo, convirtiéndose en la cuarta persona en ocupar este puesto durante la administración de Pedro Sánchez.