QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo ha comunicado el nombramiento de Teresa Peramato como la nueva fiscal general del Estado, justo un día después de la dimisión de Álvaro García Ortiz tras ser condenado por el Tribunal Supremo (TS). Peramato, con 35 años de experiencia en la carrera fiscal, es reconocida principalmente por su labor en la prevención de la violencia de género y su ideología progresista.
Desde el Gobierno, se alaba su ‘amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género’, calificándola como ‘una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia’. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad de origen, Peramato se incorporó a la carrera fiscal en 1990 y ha trabajado en diferentes fiscalías, como Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de establecerse en Madrid en 2005 como fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.
En 2007, destacó por su participación en el grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer y la elaboración del primer informe anual del organismo. A lo largo de los años, ha ocupado posiciones de liderazgo relacionadas con la violencia de género, culminando en 2021 cuando fue nombrada fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Durante la administración de García Ortiz, Peramato fue nombrada fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, compartiendo responsabilidades con otros tres fiscales.
‘TÉCNICA, DECIDIDA Y VALIENTE’, afirman fuentes gubernamentales, destacando su carrera de 35 años en la fiscalía y su etapa como abogada y letrada de la administración de justicia. A pesar de su reconocida capacidad y experiencia, su cercanía con la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y su perfil ideológico han generado críticas. Algunos creen que su nombramiento representa ‘más de lo mismo’ y expresan preocupación por su posible influencia en la cohesión interna de la fiscalía, especialmente después de las tensiones surgidas durante los mandatos de Delgado y García Ortiz.
