Teresa Peramato, recientemente nombrada fiscal general del Estado por el Gobierno, asume el liderazgo de la institución en un período turbulento, marcado por la dimisión de Álvaro García Ortiz tras ser condenado por el Tribunal Supremo (TS). Este hecho sin precedentes ha exacerbado las divisiones internas y deteriorado aún más la imagen del Ministerio Público, presentando un desafío considerable para Peramato en su nueva función.
La renuncia de García Ortiz se oficializó el pasado lunes mediante una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que García Ortiz afirmó su «convencimiento» de «haber servido fielmente a la institución», destacando su «inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».
El origen de la crisis se remonta al 16 de octubre de 2024, cuando el TS inició un proceso contra García Ortiz, luego de que ‘El Mundo’ publicara una noticia el 13 de marzo de ese año, acusándolo de intentar negociar con Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— para que admitiera delitos fiscales. García Ortiz mantuvo su posición hasta el 20 de noviembre, cuando el TS lo condenó a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, imponiéndole además una multa de 7.200 euros y una compensación de 10.000 euros por «daños morales», momento en el que decidió dimitir.
Este escenario se complica aún más con la historia de su predecesora, Dolores Delgado, cuyo paso directo de ministra de Justicia a fiscal general del Estado generó controversia y llevó a una reforma legal para evitar estas transiciones. A lo largo de su mandato, las decisiones de García Ortiz, como la promoción de Delgado a fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, enfrentaron críticas y acabaron siendo cuestionadas judicialmente, aunque el Gobierno sostuvo su nombramiento tras revisión del Supremo.
«LA INSTITUCIÓN ESTÁ ROTA», declaran fuentes fiscales a Europa Press, señalando la percepción de politización y las fracturas internas. En este contexto, Peramato debe abordar la reconstrucción de la confianza pública y la cohesión interna, en un ambiente donde su vinculación con la Unión Progresista de Fiscales podría ser vista tanto como una carga ideológica como una cualidad de su compromiso con la carrera fiscal.