Este jueves a las 13:00 horas, el Congreso evaluará si Teresa Peramato posee los méritos y capacidades necesarias para ocupar el puesto de fiscal general del Estado, sucediendo a Álvaro García Ortiz, quien dejó el cargo tras una condena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en contra de Alberto González Amador, compañero de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La sesión en la Comisión de Justicia del Congreso es un paso esencial, aunque no decisivo, según lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), y se produce tras la reciente declaración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 26 de noviembre.
“Reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado”, afirmaron los miembros del CGPJ, tanto progresistas como conservadores, en una sesión que se extendió por solo quince minutos, de acuerdo con fuentes del órgano consultadas por Europa Press.
El proceso de escrutinio en el Congreso permitirá a Peramato presentar su currículum y justificar por qué se considera apta para el rol de fiscal general. Asimismo, los portavoces de los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de hacer preguntas antes de emitir un juicio sobre su candidatura.
LOS REQUISITOS A EVALUAR
El Estatuto requiere que el fiscal general sea un jurista español de alto prestigio con al menos quince años de práctica en su profesión. Peramato, con 35 años de experiencia, se destaca especialmente por su labor en contra de la violencia de género y su enfoque progresista.
El Estatuto también prohíbe que se proponga a alguien que haya ocupado cargos públicos significativos en los últimos cinco años. Peramato no ha desempeñado ningún cargo público en ese tiempo, cumpliendo con las condiciones acordadas entre PSOE y PP en junio de 2024 durante la renovación del CGPJ.
El Estatuto también excluye a cualquier persona que haya sido elegida para cargos políticos o haya sido miembro de un parlamento. Peramato no cumple ninguna de estas condiciones previas.
EL TENSO EXAMEN A GARCÍA ORTIZ
La última revisión de la idoneidad de un fiscal general fue en diciembre de 2023, cuando García Ortiz defendió su idoneidad ante críticas del PP y Vox, quienes cuestionaron su imparcialidad. PP, Vox, Junts y ERC expresaron su descontento, mientras que PSOE, Sumar y PNV apoyaron su permanencia.
PP RECIBE CON «CAUTELA» A PERAMATO
El PP ha expresado cautela frente al nombramiento de Peramato, cuestionando la decisión de Pedro Sánchez de seguir influyendo en la Fiscalía General del Estado. Por su parte, Santiago Abascal de Vox ha mostrado su desconfianza hacia Peramato en recientes declaraciones.
Una vez aprobada, Peramato jurará su cargo ante el Rey y asumirá su posición frente al Tribunal Supremo, con un mandato de cuatro años, sujeto a condiciones específicas de cese.
De ser nombrada, Peramato sería la cuarta persona en ocupar este cargo durante la administración de Pedro Sánchez, siguiendo a María José Segarra, Dolores Delgado y García Ortiz.