QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Teresa Peramato ha asumido este jueves el cargo de nueva fiscal general del Estado en una ceremonia solemne celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS), ante los mismos magistrados que integraron el tribunal que condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, lo que supuso su salida de la jefatura del Ministerio Fiscal.
Con más de 35 años de trayectoria en la carrera fiscal y reconocida especialista en la lucha contra la violencia de género, Peramato, fiscal de sala del TS, ha escogido como padrinos a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que además actuó como fiscal en la causa contra García Ortiz, y a Félix Pantoja, fiscal jubilado que fue coordinador de siniestralidad laboral.
El acto de toma de posesión, de unos quince minutos de duración, ha estado encabezado por la presidenta del TS y del Consejo General del Poder General (CGPJ), Isabel Perelló, y ha reunido a una amplia representación de magistrados del Supremo, entre ellos varios de los que integraron el tribunal que enjuició y condenó a García Ortiz, como el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.
En la sala se encontraban también las responsables de la Fiscalía Superior y de la Fiscalía Provincial de Madrid, Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, respectivamente, dos figuras clave en el procedimiento contra García Ortiz que hicieron visibles sus discrepancias tanto durante la fase de investigación como en la vista oral.
La sentencia subraya que la declaración de Lastra resultó determinante para el fallo condenatorio, al explicar que desde el inicio advirtió de que la información relativa a la investigación por presuntos delitos fiscales contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, terminaría filtrándose. “¿Álvaro, has filtrado tú?”, relató que le llegó a preguntar. “Eso ahora no importa”, sostiene que contestó él. Para el tribunal, esa respuesta constituye un indicio de carácter autoincriminatorio.
A la ceremonia de Peramato han asistido asimismo varios ex fiscales generales del Estado, como María José Segarra, Consuelo Madrigal y Julián Sánchez Melgar, junto a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y numerosos vocales del CGPJ.
Como es habitual en este tipo de actos, ha acudido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Entre los presentes figuraba igualmente el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
“Sanar la herida” en la Fiscalía
A lo largo de este jueves está previsto un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, a unos 500 metros del Supremo, donde previsiblemente Peramato dirigirá unas palabras a la cúpula del Ministerio Público.
El pasado 4 de diciembre, la nueva fiscal general ya se comprometió a “sanar” la “herida” que la condena a su antecesor ha dejado en la institución. Así se expresó ante la Comisión de Justicia del Congreso, encargada de evaluar su idoneidad para el puesto, pocos días después de que el CGPJ dictaminara por unanimidad que cumplía los requisitos legales para asumir la jefatura de la Fiscalía.
El Gobierno la propuso para el cargo el 25 de noviembre, cinco días después de que el Supremo anunciara su decisión de condenar a García Ortiz. Sin embargo, el contenido íntegro de la resolución no se ha hecho público hasta esta semana, cuando el alto tribunal ha precisado que el jefe de la Fiscalía “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito” de revelación de secretos.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, Peramato ingresó en la carrera fiscal en 1990 y ha pasado por las fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona antes de recalar en Madrid, donde en 2005 fue designada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.
Se caracteriza por un perfil feminista y progresista. Fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación en la que también militaron García Ortiz y la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. Esta vinculación es uno de los principales argumentos de quienes critican su nombramiento y recelan del denominado ‘Equipo Fortnuy’.
Peramato es la cuarta persona en ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado durante los gobiernos de Pedro Sánchez, después de Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal fija que el mandato de la fiscal general tendrá una duración de cuatro años. Solo podrá cesar antes de ese plazo por cinco causas: a petición propia, por incurrir en alguna incompatibilidad o prohibición legal, por incapacidad o enfermedad que le impida ejercer, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que la propuso.
Una vez designada fiscal general, no podrá ser nombrada de nuevo para el mismo puesto, salvo si hubiera desempeñado el cargo durante un periodo inferior a dos años.
