Este martes, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) procederá a realizar las dos primeras audiencias para evaluar las incertidumbres de los órganos judiciales españoles acerca de la Ley Orgánica de Amnistía y su alineación con el Derecho de la UE, instancia a la que se han presentado cuatro cuestiones prejudiciales que serán resueltas mediante fallos obligatorios.
Desde las 09:00 horas, el tribunal de Luxemburgo comenzará a deliberar sobre la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas referente a la responsabilidad fiscal del exlíder catalán Carles Puigdemont y otros implicados en la financiación con fondos públicos del referéndum del 1 de octubre de 2017, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, y el apoyo a la diplomacia del ‘procés’. En este contexto, el Ministerio Público demanda 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 acusados, después de que el Tribunal de Cuentas redujera las estimaciones iniciales de unos 9,5 millones de euros. Adicionalmente, Sociedad Civil Catalana exige 5 millones de euros a 11 antiguos cargos del Govern que aparecen en la relación del Ministerio Público.
Posteriormente, a las 15:00 horas, se llevará a cabo una segunda audiencia por parte de la Gran Sala para considerar la cuestión prejudicial enviada por la Audiencia Nacional sobre un caso de terrorismo atribuido a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), con el objetivo de determinar si la aplicación de la amnistía en este contexto podría violar el Derecho comunitario y propiciar la impunidad de los crímenes cometidos.
Esta será la oportunidad para que los quince magistrados que integran la Gran Sala escuchen las posturas de las partes y, además, se informen sobre la perspectiva de la Comisión Europea, que durante el proceso legislativo solicitó detalles al gobierno de Pedro Sánchez y se comprometió a emitir un dictamen sobre la compatibilidad de la ley con la legislación comunitaria, dictamen que finalmente no fue presentado.
En su informe sobre el Estado de derecho en los países de la UE publicado la semana anterior, la Comisión Europea reflejó la controversia generada en España por la ley y mencionó que ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional, aunque se abstuvo de tomar una posición al respecto, argumentando que la decisión final recae en la Justicia europea. No obstante, en las orientaciones escritas remitidas al Alto Tribunal europeo en relación con la vista del Tribunal de Cuentas, Bruselas cuestionó el interés general de la ley alertando de que ‘parece constituir una autoamnistía’ y señaló que fue parte de un ‘acuerdo político’ para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, siendo ‘fundamentales’ los votos de sus beneficiarios para su aprobación.
El documento también indica que, aunque no se observa una afectación directa de intereses económicos de la UE, el Derecho comunitario se opone a una normativa que ‘impone un plazo imperativo de dos meses’ para decidir sobre la aplicación de la amnistía, si dicho plazo no permite a los órganos judiciales adoptar las medidas procesales necesarias, como la obtención de pruebas adicionales o la audiencia de personas, para poder evaluar adecuadamente el caso en cuestión. Además, el texto del Ejecutivo comunitario se manifiesta en contra de una legislación que impide a una parte del proceso judicial debatir de manera contradictoria los elementos decisivos tanto de hecho como de Derecho para la resolución del procedimiento, haciendo referencia a la falta de audiencia a Sociedad Civil Catalana.