El Grupo Tragsa ha reconocido la existencia de “irregularidades” en la incorporación a Tragsatec de Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como una deficiente supervisión y control de su actividad, que la compañía vincula a la “presión ejercida por el cliente externo”, en referencia a Adif.
Así se detalla en un informe interno de la empresa pública enviado al Tribunal Supremo (TS), al que ha tenido acceso Europa Press. En dicho documento, Tragsa admite que “no consta la realización de la entrevista técnica obligatoria” en el proceso de selección de la expareja de Ábalos, que figuró en la plantilla de Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021 para desempeñar funciones administrativas.
El informe también resalta que se han apreciado “carencias en la supervisión y desempeño de la trabajadora en su puesto”, un extremo que atribuye “en gran parte a la presión ejercida” por Adif.
Según el texto, “durante la vigencia del contrato se identificaron diversas incidencias relacionadas con el cumplimiento del registro horario, las cuales fueron detectadas por los mecanismos de control establecidos en el sistema de gestión interna”. No obstante, pese a que estas “irregularidades” se advirtieron en varias ocasiones, “no consta que se adoptaran medidas correctivas eficaces ni oportunas por parte de los responsables de la unidad”.
Adif transmitía que trabajaba con “normalidad”
La compañía sostiene que no hay constancia de que se tuviera conocimiento efectivo de que Rodríguez hubiera dejado de atender sus obligaciones laborales mientras duró su contrato.
En este sentido, subraya que “la prestación de servicios se realizaba en las dependencias del cliente (Adif), siendo este quien asignaba directamente las tareas a ejecutar” y que “no existe evidencia de que dicho cliente hubiera comunicado incidencia alguna ni informado sobre un eventual incumplimiento en la ejecución de dichas funciones”.
El documento recoge que se detectaron indicios de que los responsables directos de su supervisión pudieron percatarse de la falta de registros de fichaje, pero reconoce que “no consta documentación que acredite la activación de mecanismos de alerta ni la existencia de comunicaciones formales por parte del cliente en relación con un posible incumplimiento”.
“Por el contrario, de las comunicaciones mantenidas entre Tragsatec y el director del proyecto por parte de Adif se infiere, de manera implícita, que la trabajadora desempeñaba sus tareas con normalidad”, señala el informe.
Tragsa añade que, durante el periodo en que Rodríguez permaneció en la empresa, varias personas detectaron “irregularidades significativas en materia de fichajes, que comprometían el cumplimiento de los procedimientos internos establecidos”.
“Aunque esta situación fue comunicada a la gerente responsable, no consta que se hubiera escalado adecuadamente a las instancias superiores de la organización, lo que impidió la activación de medidas correctoras en el momento oportuno”, apunta.
En la misma línea, el grupo precisa que la información nunca llegó a la Presidencia, lo que “impidió que se adoptaran decisiones estratégicas y correctivas en tiempo y forma”.
Esta circunstancia, lamenta, “evidencia una deficiencia en los canales de comunicación interna y en la cultura de reporte, especialmente en lo que respecta a la gestión de riesgos y cumplimiento normativo”.
Como conclusión, Tragsa considera “imprescindible” reforzar los procedimientos de selección, implantar controles “más rigurosos” en la gestión del personal y asegurar mecanismos eficaces de comunicación interna que “permitan la detección y corrección de posibles irregularidades de manera oportuna”.