La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha decidido personarse en el procedimiento judicial abierto por la tragedia de El Bocal, en la que murieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo. El departamento busca así acceder de forma directa a toda la documentación del caso, después de que dos empleados de la Demarcación de Costas en Cantabria hayan pasado a la condición de investigados.
El anuncio lo ha realizado este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en respuesta a los medios de comunicación, aproximadamente una hora después de conocerse que la jueza instructora ha resuelto dirigir la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, en su papel de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 del que formaba parte la pasarela donde ocurrió el siniestro, así como contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la misma Demarcación.
Según expone la magistrada en su resolución, la administración central es “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela que se desplomó el pasado 3 de marzo en la costa de Santander.