Los que fueran altos cargos del Gobierno regional, Carlos Mur, Pablo Busca y Francisco Javier Martínez Peromingo, han sido de nuevo citados este miércoles para declarar en una de las investigaciones abiertas por la presunta denegación discriminatoria de atención sanitaria a residentes de centros de mayores durante la primera ola de la pandemia.
La nueva citación procede del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Collado Villalba, en el marco de una causa separada que analiza el fallecimiento de una residente de Sanitas Torrelodones. En este procedimiento también constan como investigados los geriatras de enlace del Hospital Puerta de Hierro y del Gregorio Marañón.
Estas comparecencias se celebran después de que Carlos Mur y Pablo Busca no acudieran este martes a la llamada judicial, lo que llevará a la acusación particular a pedir que se dicten órdenes de busca y captura al considerar que han eludido la acción de la Justicia.
Con las declaraciones previstas para este martes se retomaba el caso de las residencias tras varios meses de inactividad procesal. Diversos jueces se habían inhibido en favor del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Madrid con la intención de acumular los hechos en una macrocausa, pero el titular de ese juzgado rechazó la acumulación y ahora la decisión definitiva corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid.
El único exalto cargo que finalmente compareció ayer fue Francisco Javier Martínez Peromingo, quien manifestó que los protocolos enviados a los geriatras en marzo de 2020 eran “discriminatorios” y que él mismo lo comunicó en reiteradas ocasiones a Carlos Mur tanto por escrito como mediante mensajes de WhatsApp.
En la jornada de ayer también prestó declaración el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, que aseguró no conocer los protocolos objeto de investigación y sostuvo que se limitó a aplicar sus propios criterios clínicos. Reconoció que el padre de la denunciante no fue derivado al hospital, aunque no pudo concretar cuál era su diagnóstico.