Tres mujeres han asumido este martes penas que alcanzan en conjunto cerca de diez años de prisión por haber prostituido y sometido a condiciones de esclavitud a dos jóvenes en Mallorca.
La vista oral, que se inició este lunes, quedó aplazada a la espera de un acuerdo entre las partes que finalmente se ha formalizado este martes en la Audiencia Provincial. Gracias a esta conformidad, otras tres personas han resultado absueltas después de que se retiraran las acusaciones dirigidas contra ellas.
De forma concreta, una de las acusadas ha aceptado 13 meses de cárcel y una multa de 3.240 euros por un delito continuado de receptación, al comprar joyas y otros efectos robados en un establecimiento de compraventa de oro; además, se le ha impuesto una multa de 360 euros por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual.
La segunda mujer ha sido sentenciada a cuatro años de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En el caso de estas dos condenadas, las penas inicialmente solicitadas se han reducido después de que ambas hayan consignado una indemnización conjunta de 20.000 euros a las víctimas.
Las defensas de estas dos procesadas han solicitado que se suspenda su ingreso en prisión, petición a la que el fiscal se ha opuesto frontalmente. Tras una breve deliberación, el Tribunal ha anunciado que resolverá sobre este punto en un plazo máximo de diez días.
La tercera encausada ha sido condenada a 21 meses de cárcel y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.
Las tres han reconocido que entre 2014 y 2019 captaron a mujeres jóvenes que en Colombia se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad y engañarlas para que viajaran a Mallorca.
Una vez llegaban a la isla, contraían una deuda con las acusadas, que las forzaban a ejercer la prostitución en un régimen próximo a la esclavitud. Debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, y no recibían ningún pago directo, ya que todo lo que generaban se destinaba a amortizar la supuesta deuda.
En esas condiciones se veían obligadas a permanecer al menos dos meses, hacinadas en una única habitación de un piso de Palma y forzadas a consumir cocaína.
La líder del grupo criminal, de forma paralela a la red de trata de seres humanos, desarrollaba otras actividades ilícitas con el objetivo de obtener beneficios económicos adicionales y dar apariencia legal a los fondos obtenidos.