La próxima semana, el Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto un Pleno en el que se espera que acepte a trámite el recurso de amparo de Carles Puigdemont, ex presidente catalán, contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no concederle la amnistía por la malversación en el ‘procés’. Este será el primer análisis de este delito bajo la nueva ley de amnistía, siguiendo el recurso de las Cortes de Aragón. Además, el TC abordará las preguntas del TS sobre los desórdenes públicos, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Durante el Pleno, también se tratarán los amparos solicitados por Antoni Comín y Lluis Puig, líderes de Junts, que se habían postergado debido a intentos previos de recusación contra varios magistrados. Con esta sesión, se admitirán a trámite todos los amparos relacionados con la no aplicación de la ley de amnistía a la malversación del ‘procés’, que se considera por el Supremo como una excepción en la normativa por implicar un «enriquecimiento personal o beneficio patrimonial» y por afectar a los intereses económicos y financieros de la UE.
El TC ya ha admitido los amparos de Oriol Junqueras y otros ex consejeros, quedando pendientes los de Puigdemont y Comín. Además, el tribunal decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas por los implicados, aunque las fuentes indican que es improbable que se aprueben estas peticiones.
LA MALVERSACIÓN Y LOS INTERESES DE LA UE
El TC abordará la malversación y la ley de amnistía en detalle en futuras sentencias, pero ofrecerá una primera visión en el Pleno sobre este tema mediante el recurso de inconstitucionalidad de las Cortes de Aragón. Este es el único recurso que discute la malversación entre los 16 presentados por diferentes gobiernos y parlamentos regionales.
UN ASUNTO DE DESÓRDENES PÚBLICOS
El Pleno también examinará una cuestión de inconstitucionalidad sobre desórdenes públicos relacionada con la ley de amnistía, planteada por el TS tras eventos en Girona. El TS se dirige al TC al creer que la ley podría contradecir el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.