El Tribunal Constitucional ha decidido posponer la deliberación acerca de la solicitud de Oriol Junqueras y otros exconsejeros catalanes como Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes pidieron la suspensión cautelar de sus inhabilitaciones. Esta medida busca alcanzar un consenso para denegar las medidas cautelares solicitadas.
Según reporta ‘La Razón’ y confirman fuentes legales a Europa Press, el Pleno del Tribunal optó por esta decisión de último momento con el objetivo de consensuar la respuesta hacia los exfuncionarios catalanes, condenados por el proceso del referéndum del 1-O, considerado ilegal.
El Pleno del Tribunal había agendado tomar una decisión basándose en varias ponencias asignadas a magistrados de diferentes ideologías, todos en favor de rechazar la petición cautelar.
Estos políticos de ERC y el líder de Junts habían solicitado la rehabilitación cautelar en sus recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de no concederles la amnistía por la malversación del 1-O.
Los exconsejeros fueron condenados por malversación y sedición, con penas que incluyen hasta 13 años de cárcel e inhabilitación. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez les concedió el indulto para las penas de cárcel en 2021, las penas de inhabilitación se mantuvieron, decisión que el Supremo respaldó al considerar que la malversación durante el ‘procés’ entra dentro de las excepciones que la propia ley estipula para no aplicar la amnistía.
Los magistrados argumentaron que el dinero malversado no implicó un enriquecimiento personal, ya que no salió de sus bolsillos, sino de las arcas públicas para un propósito partidista, lo que además afectaba a los intereses económicos y financieros de la UE, ya que una hipotética secesión de Cataluña habría reducido los ingresos procedentes de España hacia la UE.
El debate sobre el levantamiento de la pena de inhabilitación, que para Junqueras se extiende hasta 2031, se ha aplazado sin una nueva fecha establecida.
La Fiscalía del Tribunal Constitucional ya se mostró en contra de la rehabilitación cautelar al considerar que no se produciría un ‘daño irreparable’ al mantener la inhabilitación y que anticipar una decisión sobre los recursos de amparo podría ser prematuro.
Es doctrina constitucional rechazar la suspensión de las penas vigentes cuando el tiempo restante para cumplirlas es mayor al que el Tribunal tarda en resolver los recursos de amparo, indica Europa Press.