El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar la evaluación de los recursos de amparo presentados por el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig referentes a la no aplicación de la amnistía en sus casos sobre el delito de malversación, hasta que se esclarezcan las recusaciones contra ciertos magistrados.
Según han comunicado fuentes jurídicas a Europa Press, la conexión directa entre los tres recursos de amparo hace necesario detener el proceso hasta resolver las objeciones presentadas, aunque solo fueron iniciadas por Puigdemont y Comín. Se ha acordado también asignar relatores para determinar si procede o no tramitar dichas recusaciones.
Esta medida sigue a la acción de Comín, quien se sumó a Puigdemont en la recusación de los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, pertenecientes al sector conservador del Tribunal. Comín presentó una solicitud idéntica a la de Puigdemont contra estos magistrados, argumentando que no poseen la imparcialidad necesaria para deliberar sobre sus recursos de amparo, de acuerdo con las mismas fuentes jurídicas.
En su escrito, al que Europa Press tuvo acceso, el abogado Gonzalo Boye criticó a Arnaldo y Espejel por su vinculación estrecha con el PP, acusando a este partido, liderado por Alberto Núñez Feijóo, de haber promovido a ambos en la corte de garantías. Además, Boye señaló que Arnaldo mostró en un libro reciente su animadversión hacia Puigdemont y rememoró un artículo previo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 donde indicó que el líder independentista había incurrido en una perversión deliberada del Estado de Derecho.
A Espejel le reprochó su voto particular contra la absolución en 2020 del jefe de los Mossos D’Esquadra Josep Lluís Trapero por el 1-O, donde expresó claramente su opinión personal de que el 1-O fue un acto delictivo. A Macías le criticó por pronunciarse en contra de los intereses de Puigdemont a lo largo de los años, mencionando sus publicaciones en prensa, su enfrentamiento directo con la ley de amnistía y su cercanía con el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘procés’.














