El Tribunal Constitucional desestima la apelación de Extremadura sobre la demolición de la Isla de Valdecañas

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Extremadura contra la demolición de la 'Isla de Valdecañas', confirmando la decisión del Tribunal Supremo.

Archivo - Fachada del Tribunal Constitucional.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Tribunal Constitucional ha desestimado unánimemente el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura frente a la orden del Tribunal Supremo de demoler el complejo urbanístico ‘Isla de Valdecañas’, ubicado en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, que abarca 134,5 hectáreas.

Fuentes del ámbito legal confirmaron a Europa Press que el Pleno rechazó el recurso tras haber suspendido provisionalmente la demolición en junio de 2023, decisión que fue más disputada en su momento, resuelta por una votación de seis contra cinco, al considerar prematuro el derribo por la falta de un peligro inminente.

En noviembre de 2022, el Constitucional había admitido a trámite las apelaciones contra el fallo del Tribunal Supremo, que se alineó con Ecologistas en Acción-CODA para la demolición total del desarrollo. Este movimiento ya mostró una división dentro del propio Tribunal Constitucional, con cinco de los once magistrados, de tendencia conservadora por aquel entonces, emitiendo votos particulares en desacuerdo con la admisión del caso.

LA DECISIÓN DEL SUPREMO

El origen del conflicto se remonta a 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura revocó la aprobación del proyecto por parte de la Junta y ordenó revertir los terrenos a su estado previo. Posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó esta decisión, pero en 2021, el tribunal regional declaró la ejecución parcial de la misma, lo que permitió mantener algunas construcciones como el hotel, las viviendas y el campo de golf.

En 2022, sin embargo, el Tribunal Supremo, dando la razón al recurso presentado por la organización ecologista, mandó demoler también las estructuras ya erigidas, decisión que actualmente es objeto de disputa en el Tribunal Constitucional por parte de la Junta, los ayuntamientos afectados y la comunidad de propietarios.

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