QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La próxima semana, el Tribunal Constitucional (TC) planea considerar el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra ciertas cláusulas de la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que, en efecto, facilitan la caza del lobo, especialmente tras la reducción de protección de esta especie por parte de la Unión Europea (UE), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El magistrado progresista Juan Carlos Campo, encargado de la ponencia, ha sugerido su admisión a trámite para su análisis, contando con el respaldo de la mayoría de la corte de garantías, indican las mismas fuentes.
El recurso apunta a tres disposiciones específicas: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena. Según el Defensor del Pueblo, las primeras dos podrían infringir el artículo 45 de la Constitución –derecho al medioambiente– y la última, el 24.1 –derecho a la tutela judicial efectiva–.
«La disposición adicional octava permite que las autorizaciones excepcionales para cazar lobos –y cualquier especie depredadora con alto impacto en el sistema productivo incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)– se justifiquen en ‘la eficiencia del sistema productivo’, además de en las otras razones ya previstas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», criticó el Defensor, mencionando la vaguedad con la que está redactada esta disposición.
Por otro lado, la disposición transitoria única propone la exclusión inmediata del LESPRE de las poblaciones de lobo al sur del Duero si se altera su protección a nivel comunitario, lo cual ya ha ocurrido. El Defensor del Pueblo ha destacado que no se considerarán datos sobre el estado de conservación de estas poblaciones en España ni su rol ecológico en los ecosistemas peninsulares, para respaldar su permanencia en el listado.
En cuanto a la disposición final decimonovena, que excluye al lobo al norte del Duero del LESPRE, el Defensor del Pueblo ha puesto en duda su constitucionalidad debido a la falta de «información técnica o científica de carácter medioambiental que respalde su adopción».
CHOQUE ENTRE LAS CCAA Y EL GOBIERNO
La inclusión del lobo en el LESPRE en 2021 por el gobierno ha generado controversias continuas con las comunidades autónomas. Estas disputas se han intensificado tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario en marzo y el reciente informe sexenal que debe presentarse a la UE antes de agosto. Aunque la ley permite la caza de lobos, su clasificación en estado ‘desfavorable’ restringiría tales acciones. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que coincidiría con el Pleno del Constitucional, fue cancelada recientemente por un correo del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, siguiendo una solicitud de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la cual ha solicitado al Defensor del Pueblo medidas cautelares para «paralizar cualquier medida de muerte y caza de lobos mientras no se resuelva esta cuestión». Actualmente, el Constitucional no puede imponer medidas cautelares dado que el Defensor del Pueblo no las solicitó en su recurso inicial.
