QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Constitucional ha procedido a admitir para su análisis el recurso presentado por el Defensor del Pueblo en relación con tres aspectos específicos de la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que indirectamente facilitan la caza del lobo, en un momento en que la Unión Europea ha disminuido la protección otorgada a esta especie, de acuerdo a fuentes legales citadas por Europa Press.
En la sesión de este martes, el Pleno del Tribunal, influenciado por la propuesta del magistrado progresista Juan Carlos Campo, ha decidido admitir el recurso para su estudio detallado.
El recurso reta específicamente tres disposiciones: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena. Estas, según el Defensor del Pueblo, podrían infringir el artículo 45 de la Constitución –derecho al medioambiente– y el 24.1 –derecho a la tutela judicial efectiva– respectivamente.
La disposición adicional octava permite excepciones para la caza de lobos y otras especies predadoras con un impacto significativo en el sistema productivo, incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), basándose en «la eficiencia del sistema productivo» entre otras razones ya estipuladas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Defensor ha criticado la ambigüedad de los términos usados, que «hace que no sea preciso invocar ninguna situación especial o extraordinaria (…) para entrar en juego».
La disposición transitoria única estipula la exclusión inmediata del LESPRE de las poblaciones de lobos al sur del Duero si hay cambios en su protección a nivel comunitario, algo ya ocurrido. El Defensor del Pueblo ha subrayado que para la implementación de esta disposición, las autoridades españolas no consideraron ningún dato sobre el estado de conservación de dichas poblaciones ni su situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la disposición final decimonovena, que excluye al lobo al norte del Duero del LESPRE, ha sido cuestionada por el Defensor del Pueblo por falta de «la mínima información técnica o científica de carácter medioambiental que respalde su adopción».
CHOQUE ENTRE LAS CCAA Y EL GOBIERNO
La controversia sobre la protección de los lobos ha sido notoria desde su inclusión en el LESPRE en 2021 por el Gobierno. Los conflictos entre las comunidades autónomas y el Gobierno central se han agudizado tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario en marzo y el esperado informe sexenal sobre la especie que debe presentarse a la UE antes de agosto.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que iba a coincidir con la revisión del informe sexenal, fue cancelada el jueves pasado por un correo electrónico de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en respuesta a una solicitud de desconvocatoria de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
Adicionalmente, esta plataforma ha instado al Defensor del Pueblo a solicitar medidas cautelares que «paralicen cualquier medida de muerte y caza de lobos mientras no se resuelva esta cuestión». Aunque el Defensor del Pueblo no incluyó esta solicitud en su recurso inicial, el Tribunal Constitucional aún no ha emitido un veredicto al respecto.
