El Tribunal Constitucional ha procedido a admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra ciertas partes de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, correspondiente a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025. Este recurso afecta específicamente a la Disposición final cuarta y a la Disposición final octava, apartado uno.
El foco de la disputa se centra en la regulación del salario del gerente del Servicio Canario de Salud y las inversiones en puertos canarios, elementos incorporados en el presupuesto que el Estado considera que podrían exceder las competencias autonómicas. A raíz de esto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó la suspensión de estas disposiciones, que ha sido efectiva desde el 30 de septiembre para las partes implicadas y será efectiva para terceros una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Desde el Tribunal Constitucional se ha indicado que estas normas podrían contravenir las competencias estatales, según se especifica en el artículo 149.1, en sus apartados 13ª, 14ª, 18ª y 20ª de la Constitución. Además, se menciona la posible infracción de los artículos 9.3, 134 y 156 del mismo texto legal.