El Tribunal de Justicia Europeo rechaza recurso español y favorece la apertura de rutas de autobús

El TJUE rechaza el recurso de España contra la decisión de la CE de permitir más operadores en rutas de autobús largas.

Archivo - Autobús de FlixBusFLIXBUS - Archivo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado una solicitud de medidas cautelares interpuesta por España, que buscaba impedir una resolución de la Comisión Europea. Esta última había autorizado que diversas empresas pudieran operar simultáneamente en las mismas rutas de autobuses de largo recorrido.

En junio, desde Bruselas se exhortó a España a permitir que las rutas internacionales de autobuses que cruzan el territorio nacional puedan recoger y dejar pasajeros entre ciudades españolas, una práctica conocida como ‘cabotaje’, actualmente prohibida en España.

El modelo vigente en España asigna la operación de cada ruta a una sola empresa mediante concesiones, como es el caso de Alsa o Avanza. No obstante, la compañía alemana FlixBus propuso ofrecer un servicio desde Tréveris, Alemania, hasta Madrid, incluyendo la posibilidad de transportar viajeros entre ciudades españolas, como de Madrid a Barcelona.

El gobierno español argumentó en contra, citando la inexistencia de cabotaje en el país. Sin embargo, la Comisión Europea dictaminó que FlixBus puede realizar estas operaciones, permitiendo a España rechazarlo solo por motivos de cohesión social o territorial.

El gobierno, buscando proteger su posición, solicitó medidas cautelares urgentes para frenar esta decisión, pero el Tribunal Europeo denegó la solicitud, alegando que «No ha aportado suficientes elementos de prueba para demostrar la urgencia a efectos de la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada o para acreditar que no puede esperar al término del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio grave e irreparable».

La plataforma Viaja Más en Autobús, que apoya el cabotaje, señaló que la concesión entre Barcelona y Madrid gestionada por Alsa está caducada desde hace 12 años sin renovación ni licitación. Por otro lado, el gobierno teme que la liberalización atraiga a empresas interesadas solo en rutas rentables, perjudicando las áreas rurales que necesitarían subsidio total con fondos públicos.

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