Tribunal Superior de Justicia de Valencia respalda que comunicaciones internas de la Universitat se envíen solo en valenciano

Archivo - Rectorado de la Universitat de ValènciaUNIVERSITAT DE VALÈNCIA - Archivo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la legalidad de la decisión del Consejo de Gobierno de la Universitat de Valencia que dicta que todas las comunicaciones internas al personal se realicen únicamente en valenciano, según un acuerdo de junio de 2023.

Este veredicto viene después de que los jueces aprobaran el recurso de apelación presentado por la universidad contra un fallo anterior de un juzgado que había anulado esta medida.

El Consejo de Gobierno de la UV actualizó el artículo 10 de su Reglamento de Usos Lingüísticos el 8 de junio de 2023, especificando que «atendido el deber estatutario de conocer la lengua propia de la Universidad» y «sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos en la legislación vigente», todas las comunicaciones dirigidas a su personal se redactarían en valenciano.

Tras ser confirmada la resolución por la rectora el 6 de octubre, algunos empleados llevaron el caso a la justicia, donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia inicialmente aceptó su reclamo por considerar ambigüedades en el texto. Sin embargo, la Sección Segunda del TSJCV ha revocado esa decisión, indicando que la modificación «no es algo que restrinja los derechos de los afectados con respecto a su situación anterior, sino que meramente pone de relieve las circunstancias de la misma».

La resolución del TSJ, detallada por Europa Press, argumenta que la modificación se ajusta a las normativas y estatutos vigentes que exigen el conocimiento del valenciano por parte del personal.

VOTO PARTICULAR

Un magistrado discrepó mediante un voto particular, argumentando que «la redacción supone, de forma imperativa, una preferencia/prevalencia del valenciano en detrimento del otro idioma cooficial, cosa que el TC ha declarado inconstitucional». Este juez destacó que imponer mandatoriamente el uso de un idioma cooficial en detrimento del otro viola el equilibrio entre lenguas establecido por la Constitución y otras normativas.

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