Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, ha sugerido que se procese al exministro José Luis Ábalos debido a posibles irregularidades en la asignación de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria. Se le imputan posibles cobros de comisiones, empleo de allegadas en entes públicos y acciones en favor de compañías como Air Europa.
En un reciente auto, el juez solicita a las partes involucradas que presenten sus demandas de archivación o sus acusaciones formales contra Ábalos, junto a Koldo García, exasesor ministerial, y Víctor de Aldama, empresario. A todos ellos se les atribuyen delitos como cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias y malversación en relación con los principales contratos de mascarillas, mientras prosigue la investigación de otros hechos.
CONCIERTO DE VOLUNTADES
El juez Puente ha detectado indicios de un ‘pacto’ o ‘concierto de voluntades’ entre los acusados para cometer delitos reiterados. Poco después de que Ábalos asumiera el cargo de ministro, De Aldama y García habrían visto la oportunidad de lucrarse de sus conexiones. Ábalos habría facilitado la adquisición de mascarillas a cambio de ‘indebidas compensaciones económicas’, según el magistrado.
Además, el juez menciona un contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, ofrecido a Ábalos por un precio muy por debajo del mercado, con el objetivo de asegurar el pago de comisiones ilícitas.
EL PISO Y LA CONTRATACIÓN DE JÉSICA RODRÍGUEZ
Se señala que De Aldama cubrió ciertos gastos para obtener un trato preferencial de Ábalos, incluyendo el alquiler de un piso para Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. Posteriormente, Rodríguez fue contratada en empresas públicas sin cumplir procesos de selección y sin acudir a trabajar, pero recibiendo sueldo.
GESTIONES PARA AIR EUROPA Y OTRAS EMPRESAS
De Aldama, asesorando a Air Europa, habría favorecido que Ábalos promoviese acciones gubernamentales que beneficiaron a la aerolínea durante la pandemia. A cambio, Ábalos habría disfrutado de estancias gratuitas en propiedades vacacionales.
Finalmente, el auto del magistrado también destaca pagos en efectivo realizados en la República Dominicana y recalca que las declaraciones de De Aldama no eximen de culpa, sino que confirman su participación en los hechos investigados.















