El Tribunal Supremo ha decidido no proceder con la querella interpuesta por Vox contra Francina Armengol, ex presidenta balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, sobre los contratos de adquisición de mascarillas, señalando que no hay base suficiente para investigar según la información proporcionada por el partido. Además, se destaca que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea ya están llevando a cabo investigaciones sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.
En un documento detallado, emitido por el Supremo y reportado por Europa Press, se menciona que Vox presentó la querella el 21 de octubre de 2024 contra Armengol, Koldo García y empresarios de Soluciones de Gestión, implicando a Víctor de Aldama en la obtención de dichos contratos bajo sospechas de prevaricación, malversación y otros delitos.
Vox argumentaba que el contrato entre el Instituto Balear de la Salud y Soluciones de Gestión se realizó de manera irregular, sin justificación adecuada, incluso dadas las circunstancias urgentes de la época, resultando en una contratación deficiente y no transparente.
El partido indicó que aunque las mascarillas FPP-2 se entregaron en abril de 2020, posteriormente se descubrió que no cumplían con los estándares requeridos. A pesar de esto, el IBSALUD emitió un certificado de conformidad que benefició a la empresa en futuros contratos públicos, y se menciona que Soluciones de Gestión extendió sus contratos a otras comunidades autónomas, incluyendo Canarias.
ACTUACIÓN PARALELA SIN SENTIDO
El magistrado Manuel Marchena, en su auto, concluyó que abrir una investigación contra Armengol basada en los datos de la querella no tenía justificación y podría resultar redundante, ya que los mismos hechos ya están siendo examinados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. El fiscal subrayó la importancia de estas investigaciones existentes para clarificar los hechos acusados de delito.
El Tribunal Supremo subrayó que solo si esas investigaciones en curso revelan indicios de criminalidad relacionados con los implicados, se debería considerar elevar el caso a la Sala correspondiente para su examen penal.