El Tribunal Supremo ha decidido archivar las querellas y denuncias presentadas por diversos grupos y asociaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seis de sus ministros, acusados de no actuar adecuadamente frente a la dana ocurrida en Valencia en octubre de 2024. El tribunal ha determinado que los hechos denunciados no constituyen delito.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ha explicado que ‘la toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados’.
Además de Sánchez, las denuncias afectaban a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Ángel Víctor Torres y la ministra de Defensa, Margarita Robles. También se mencionaban otras autoridades como el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y presidentes de confederaciones hidrográficas, pero el tribunal rechazó su competencia sobre estos al no ser aforados.
El auto también destaca que si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos, encontrase indicios de delito, podría solicitar al Supremo que investigue y enjuicie a los aforados. El tribunal subraya que la magnitud de la tragedia, que dejó más de 200 fallecidos y extensos daños materiales, no influye en la evaluación jurídico-penal de los hechos.
Finalmente, el tribunal afirma que ‘sólo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las querellas y denuncias formuladas contienen elementos suficientes para concluir, al menos indiciariamente, que las personas aforadas podrían haber incurrido en alguna conducta tipificada en la ley como delito’.