El Tribunal Supremo designa a siete magistrados para el juicio del fiscal general, predominan los conservadores

Este jueves, el Tribunal Supremo ha revelado la composición del tribunal que llevará a cabo el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos hacia Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El tribunal estará integrado por siete magistrados, mayoritariamente conservadores, aunque la magistrada progresista Susana Polo actuará como ponente.

De acuerdo con una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, la configuración del tribunal sigue las normas de reparto de la Sala de lo Penal, incluyendo a los magistrados de la Sala de Admisión que decidieron investigar el caso: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Polo, a los cuales se suman Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer.

El juicio, que se prevé para noviembre, promete ser complejo debido a la prominencia del acusado y las dificultades para probar el delito de revelación de secretos, según indicó el magistrado instructor, Ángel Hurtado. Además, no se descarta la ampliación de los delitos a prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos, lo que podría incrementar la pena hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación.

Las pruebas a presentar en el juicio incluyen las declaraciones de García Ortiz y de numerosos testigos, entre ellos González Amador y varios periodistas, según las peticiones de las partes acusadoras. Este juicio se centrará en las testificales, apoyadas por investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y comunicaciones cruciales obtenidas antes de que García Ortiz eliminara sus chats y correos.

Según el magistrado Hurtado, la filtración del correo compromete el prestigio de la Fiscalía y podría afectar el derecho de defensa del implicado, aspectos que García Ortiz habría ignorado al dar a conocer información sensible. En contraposición, la defensa del fiscal general sostiene su inocencia, argumentando que no existen vínculos entre la publicación del correo y la actuación de García Ortiz, y que su reacción buscaba preservar la imagen de la Fiscalía.