El Tribunal Supremo elimina seis cláusulas de Volotea por considerarlas abusivas, incluyendo cobros indebidos a pasajeros

El Tribunal Supremo ha invalidado seis cláusulas del contrato de billetes de Volotea, calificándolas de abusivas. Entre estas, destaca la que imponía un cargo de cinco euros por “gastos de gestión” a los viajeros que no utilizaban su billete y pedían la devolución de las tasas. Esta decisión surge tras una demanda colectiva presentada por Asufin, que afecta significativamente al sector aéreo al sentar un precedente jurisprudencial.

En la sentencia inicial, se señalaron como abusivas varias cláusulas, incluida una que eximía a Volotea de responsabilidades si el billete no se usaba, a menos que se dieran circunstancias como intervención quirúrgica o fallecimiento. Otra cláusula controvertida permitía a la aerolínea inspeccionar el equipaje, una práctica que solo las autoridades competentes pueden realizar, y denegar el embarque si el pasajero portaba un DNI caducado en ciertos vuelos. Además, se cuestionó la cláusula que obligaba a resolver disputas en los tribunales de Barcelona, limitando el derecho del consumidor a litigar en su lugar de residencia.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Oviedo extendió la nulidad a otra cláusula que prohibía transportar en cabina objetos como dinero o documentos de identidad. Los magistrados argumentaron que “carece de todo sentido el impedir que el pasajero pueda llevar consigo en la cabina objetos tales como dinero en efectivo o incluso los documentos de identidad”.

El Supremo también ha respaldado parcialmente otras demandas de Asufin, incluyendo la nulidad de la cláusula que obligaba a los pasajeros a solicitar la devolución de tasas aeroportuarias y pagar cinco euros por “gastos de gestión”, calificándola de abusiva y señalando que debería automatizarse este proceso sin cargos adicionales. Sin embargo, no consideró abusivo el cargo de 30 euros por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha celebrado esta decisión como un “paso adelante” en la defensa de los derechos de los consumidores, especialmente en el contexto de las aerolíneas de bajo coste. Suárez también destacó la importancia de avanzar en la legislación sobre acciones de representación colectiva, actualmente estancada en el Congreso.