Este martes a las 10.30 horas, el Tribunal Supremo (TS) llevará a cabo una audiencia a puerta cerrada para analizar la apelación de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien busca ser liberado de la cárcel. Cerdán fue encarcelado provisionalmente por el juez instructor del ‘caso Koldo’ debido a acusaciones de formar parte de una organización criminal y otros delitos relacionados con el cobro de sobornos a cambio de contratos de obra pública.
La Sala de Apelación del alto tribunal, compuesta por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente, decidió considerar el recurso de apelación presentado por la defensa de Cerdán, quien solicitó su liberación ‘inmediata’ al argumentar insuficiencia de pruebas y declararse víctima de una persecución.
En su defensa, Cerdán criticó al magistrado instructor, Leopoldo Puente, por su enfoque ‘inquisitivo’ y sugirió que su encarcelamiento tenía como fin presionarlo para obtener una ‘confesión’, comparándose con Víctor de Aldama, implicado en el caso de las mascarillas. Además, puso en duda la validez de las grabaciones hechas por el ex asesor ministerial Koldo García, principal evidencia en su contra, al insinuar que García podría ser un agente encubierto.
Cerdán también defendió su rol de enlace entre el partido y el Gobierno, especialmente en periodos pre-electorales, negando ser quien ‘repartía el botín’ y atribuyendo las estimaciones de las supuestas mordidas, que según el juez ascenderían a 5 millones de euros, a la ‘creatividad judicial’. Afirmó además que un contrato privado que lo implicaría en corruptelas fue anulado mutuamente con el empresario Antxon Alonso, aunque no se formalizó la ruptura del acuerdo.
Adicionalmente, se reveló que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había pedido información sobre las visitas a Cerdán en la prisión de Soto del Real, situación que la defensa calificó de ‘atropello’ a sus derechos.
EL INSTRUCTOR VE RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
Según el instructor, Cerdán junto con Ábalos y Koldo, posiblemente apoyados por otros, formarían una red criminal destinada a lucrarse ilegalmente de la adjudicación de obras públicas. Este grupo, según el magistrado, se beneficiaría de contratos otorgados a empresas que no presentaban las mejores propuestas económicas.
FISCALÍA AVISA TAMBIÉN SOBRE EL RIESGO DE MANIPULACIÓN DE TESTIGOS
Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, respaldó la decisión del juez y destacó la cantidad de pruebas que implican a Cerdán en la trama corrupta, señalando su rol crucial en la misma. Luzón subrayó que Cerdán es el único que conoce detalles clave sobre los beneficiarios de los sobornos.
El PP, representando a las acusaciones populares, también se opuso a la apelación de Cerdán, argumentando que la causa no es política, sino un caso de corrupción que involucra tanto a políticos como a personas fuera de la política.