El martes a las 10.30 horas, el Tribunal Supremo (TS) tiene programada una audiencia, que se realizará a puerta cerrada, para deliberar sobre el recurso interpuesto por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien busca revocar la decisión del magistrado del ‘caso Koldo’ de ingresarlo en prisión provisional. Cerdán enfrenta acusaciones por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, señalado como presunto líder de una red que recibía comisiones ilegales a cambio de contratos de obra pública.
La Sala de Apelación del alto tribunal, compuesta por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente, accedió a revisar el caso siguiendo la petición de la defensa que, a través de un recurso de apelación, solicitó la liberación ‘inmediata’ de Cerdán por falta de ‘indicios suficientes’ y proclamándose víctima de una ‘causa general’.
En su argumentación, Cerdán criticó al juez instructor, Leopoldo Puente, por una actitud ‘inquisitiva’ y ‘contra reo’, comparándose con Víctor de Aldama, implicado en la trama de las mascarillas, al insinuar que también buscaban obtener una ‘confesión’ de él. Además, puso en duda la fiabilidad de las grabaciones hechas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que son clave en su contra, y mencionó a García como ‘un posible colaborador policial’.
Cerdán defendió su ‘interés’ en las obras públicas discutidas con Koldo y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, argumentando que actuaba como ‘interlocutor entre el partido y el Gobierno’, especialmente en los meses previos a las elecciones, para agilizar proyectos estancados. Además, negó ser el ‘encargado de repartir el botín’ y criticó la ‘creatividad judicial’ en la estimación de que las supuestas comisiones alcanzaban los 5 millones de euros.
El ex secretario también desestimó la validez de un contrato privado que lo haría dueño del 45% de Servinabar, una empresa presuntamente involucrada en las corruptelas. Aclaró que, al no formalizarse ante notario, el contrato solo tiene efectos entre las partes, y afirmó que él y el empresario Antxon Alonso decidieron anularlo, aunque Alonso no procedió a hacerlo.
Recientemente, se reveló que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó información a Instituciones Penitenciarias sobre las visitas a Cerdán en la prisión de Soto del Real, lo que la defensa considera un ‘grave atropello’ a sus derechos.