El Tribunal Supremo ha instado a la Administración General del Estado a que, en un periodo de tiempo ‘improrrogable’ de 15 días, ejecute la resolución emitida en marzo pasado, que mandaba asegurar el acceso y la estancia de aproximadamente un millar de menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo en Canarias.
La decisión surge tras una notificación del Gobierno de Canarias, alertando que continúa ‘la situación de hacinamiento de menores’ en sus dependencias. Ante esto, el tribunal ha reconocido la validez de las preocupaciones de Canarias, destacando la ‘trascendente demora’ observada y exigiendo que se cumpla la orden judicial en 15 días, sin admitir ‘excusa o reparo’.
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