El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Ministerio de Transición Ecológica debe proporcionar a la organización Civio el código fuente del software BOSCO, diseñado para identificar a los beneficiarios del bono social eléctrico. Este veredicto refuerza la noción de que el acceso a la informática gubernamental es un derecho constitucional que puede ser reclamado ante la administración pública.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina en el caso de esta aplicación, creada por el Ministerio de Transición Ecológica para que los distribuidores de energía eléctrica verifiquen si los solicitantes cumplen con los criterios necesarios para ser considerados consumidores vulnerables.
El fallo también reconoce que el derecho de acceso a la informática pública va más allá de ser un mero principio orientador de las actuaciones de las administraciones, convirtiéndose en un derecho constitucional practicable y un derecho subjetivo frente a las administraciones públicas, sustentado en principios de democracia y transparencia, y esencial para el estado democrático de derecho.
“El acceso a la informática pública” como un “derecho constitucional” ejercitable ante la administración pública.