El Tribunal Supremo exime a dos individuos acusados de fraude en la venta de apartamentos en Mallorca

El Tribunal Supremo ha absuelto a dos individuos condenados por estafa en la venta de apartamentos en Mallorca.

Fachada del Tribunal Supremo.Alberto Ortega - Europa Press

El Tribunal Supremo, en su Sala de lo Penal, ha dictado la absolución de dos individuos previamente condenados por un caso de estafa relacionado con la venta de los apartamentos Espigol Beach, situados en Can Picafort, Mallorca.

Esta decisión llega tras aceptar el recurso de casación presentado por la defensa, anulando así la sentencia de la Audiencia Provincial que en septiembre de 2022 les había impuesto una condena de cuatro años de prisión. Durante el comienzo del juicio, tres acusados admitieron su culpabilidad y llegaron a un acuerdo con la fiscalía.

Según la sentencia, que ha sido revisada por Europa Press, el Tribunal Supremo ha concluido que no hay evidencias suficientes que demuestren la participación de los absueltos en el engaño a los compradores, ni que hubiera existido contacto directo entre las partes afectadas. Los compradores, por su parte, afirmaron en el juicio que solo habían interactuado con otros acusados.

El Supremo criticó a la Audiencia Provincial por haber ignorado la prueba documental y apoyarse principalmente en testimonios de coimputados que habían negociado acuerdos, lo que requería, según el alto tribunal, una “prudencia reforzada” en su evaluación.

Además, se señaló que la transacción de acciones de la sociedad Espigol Beach, efectuada por los absueltos en noviembre de 2004, no implicaba un plan premeditado para cometer la estafa, especialmente porque las ventas fraudulentas ocurrieron después de que otro acusado tomara el control de la sociedad.

Recordemos que los acusados habían sido responsabilizados de comercializar espacios de un antiguo apartahotel como viviendas residenciales entre 2004 y 2005, y de ocultar su uso turístico, lo que implicaba que esos apartamentos no cumplían con la normativa urbanística y carecían de la cédula de habitabilidad necesaria para los servicios básicos, impidiendo su uso residencial, alquiler o venta.

Los acusados, además de enfrentar penas de cárcel, fueron inicialmente sentenciados a pagar indemnizaciones que ascendían a 1,2 millones de euros.

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