El Tribunal Supremo imputa a ex directivo de Acciona y dos colaboradores en el marco del ‘caso Koldo’

El TS imputa a un antiguo ejecutivo de Acciona y dos subordinados por su posible implicación en una trama de corrupción en obras públicas.

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo.EUROPA PRESS -ARCHIVO

En el contexto de las investigaciones del ‘caso Koldo’, el Tribunal Supremo (TS) ha procedido a la imputación de un antiguo directivo de Acciona y de dos subordinados directos, tras la realización de ocho registros el pasado viernes en diversas corporaciones, incluyendo la mencionada constructora. Estos registros forman parte de las indagaciones sobre presuntos amañamientos en la asignación de obras públicas a cambio de comisiones.

El juez Leopoldo Puente ha eliminado el secreto de sumario respecto a estas operaciones de entrada y registro, después de recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 11 de noviembre pasado.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Europa Press, este informe se centra en la situación patrimonial de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, considerado el presunto líder de esta trama corrupta. El magistrado ha detallado que el informe incluye «referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas».

Leopoldo Puente ha citado a los investigados Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García, para el próximo 3 de diciembre a las 10, 11 y 12 horas, respectivamente. Pelegrini, quien fue director de Construcción de Acciona para España hasta el 16 de junio, fue destituido por la empresa tras las revelaciones del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso.

Olarte y García, quienes reportaban directamente a Pelegrini, siguen en sus puestos dentro de Acciona, específicamente como directores de zona norte y sur, respectivamente. El magistrado ha decidido levantar el secreto parcialmente impuesto sobre el caso, ya que, tras los registros y la confiscación del material, incluidos «terminales telefónicos y/o informáticos», considera que ya no se necesita mantenerlo.

En los documentos reservados se incluía «el informe policial del 11 de noviembre, la resolución que establecía el secreto parcial y todas las subsiguientes que ordenaban la realización de ciertas diligencias, así como los informes realizados tanto por el Ministerio Fiscal como por la unidad policial», según especificó Puente.

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