El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros a Álvaro García Ortiz, fiscal general, por un delito de revelación de secretos hacia Alberto González Amador. Este último, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá además 10.000 euros por daños morales. El fallo, que aún está pendiente de redacción, se dará a conocer en breve.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, junto con otras entidades como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Manos Limpias, ha celebrado esta decisión judicial subrayando que “Nadie está por encima de la ley”. Estas organizaciones han enfatizado que el veredicto simboliza la igualdad ante la ley y la existencia de mecanismos efectivos para mantener la responsabilidad legal en todos los niveles de gobierno.
El colegio ha destacado también que este caso subraya la importancia de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales, y refuerza los principios del Estado de Derecho como la inviolabilidad del derecho de defensa y el secreto profesional.
“Este caso no pone en tela de juicio a la Fiscalía como institución, ni afecta en absoluto a la excelente profesionalidad de quienes la integran”, ha declarado el colegio, agregando que la condena se refiere a una actuación específica y no generaliza el comportamiento de los fiscales.
Por otro lado, voces de las acusaciones populares, como el abogado Juan Antonio Frago de la APIF y Víctor Soriano de Manos Limpias, han manifestado su satisfacción con la sentencia, considerándola una victoria para el Estado de Derecho y una demostración de que la ley se aplica de manera equitativa.
Finalmente, entidades como Foro Libertad y Alternativa y Hazte Oír han pedido una regeneración de la Fiscalía, esperando que esta sentencia contribuya a recuperar la neutralidad y el prestigio de las instituciones en España.