QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde este lunes, el Tribunal Supremo evaluará las acusaciones contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por supuestamente haber divulgado información confidencial a medios de comunicación. Esta información consistía en un ‘email’ decisivo sobre las conversaciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que buscaba un acuerdo con el Ministerio Público. Esta versión es respaldada por el empresario y seis acusaciones populares, mientras que la Abogacía del Estado y la Fiscalía defenderán a García Ortiz.
En el marco de la defensa, García Ortiz ha sido asesorado por la Abogacía del Estado desde el principio del proceso. Esta elección se basa en la convicción de que García Ortiz no podría ignorar a la entidad que legalmente representa a la Administración Pública, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el caso.
Hasta la fecha, José Ignacio Ocio ha representado a García Ortiz, el mismo abogado del Estado que participó en el ‘caso Nummaria’ que resultó en la absolución de Ana Duato por delitos fiscales. Para el juicio, se ha fortalecido la defensa con la incorporación de Consuelo Castro, exjefa de la Abogacía del Estado, que decidió acusar por sedición en el juicio del ‘procés’ y que ha trabajado anteriormente con García Ortiz en Galicia.
En la defensa también participa la Fiscalía, representada por la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y se ha reforzado con la incorporación de Javier Montero, fiscal superior de Extremadura, conocedor del caso desde su paso por el TSJM.
Por otro lado, la acusación es liderada por González Amador, quien solicita una condena de 4 años de prisión para García Ortiz y una compensación económica considerable por daños morales. Además, diversas entidades como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el ICAM, junto con Vox y otras organizaciones, forman parte de las acusaciones populares, cada una con sus respectivas demandas y representación legal.
