El Tribunal Supremo (TS) ha insistido el jueves al Gobierno de Pedro Sánchez en su deber de atender a los menores migrantes no acompañados ubicados en Canarias que desean solicitar asilo. Esto sucede tras desestimar la solicitud del Ejecutivo para iniciar un incidente de ejecución sobre las medidas cautelares previamente impuestas por el TS, en las cuales la Abogacía del Estado mencionaba problemas de coordinación con las comunidades autónomas.
En nombre del Gobierno, los Servicios Jurídicos del Estado pidieron al tribunal superior iniciar dicho incidente alegando que enfrentaban «diversas circunstancias que, a su juicio, dificultarían el cumplimiento» de dichas medidas, incluyendo «dificultades relativas a la coordinación competencial con las comunidades autónomas y al consentimiento y custodia de los menores».
En respuesta, la Sala de lo Contencioso-Administrativo criticó que las razones presentadas no constituyen «dificultades concretas» que impidan la ejecución de las medidas. Más aún, el magistrado Wenceslao Olea en su ponencia señaló que la solicitud parecía más bien una objeción a la efectividad de la medida, llevando el debate hacia la legalidad o adecuación del contenido de la misma.
Además, el Supremo rechazó la admisión del incidente de ejecución, argumentando que era «claramente incompatible con la finalidad de las medidas cautelares» y cuestionó el momento de la petición de la Abogacía del Estado, subrayando que no se realizaron las alegaciones necesarias en etapas previas y que ya habían pasado casi cuatro meses desde que se establecieron las medidas.
Finalmente, el TS subrayó la «plena vigencia y exigibilidad» de las medidas cautelares, recordando al Gobierno que debe proporcionar los recursos necesarios para la tramitación de asilo de estos menores dentro de los plazos establecidos y colaborar eficazmente con Canarias, detallando que se tomarán medidas coercitivas si no se cumplen estos requerimientos.