Leopoldo Puente, encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), ha indicado a Instituciones Penitenciarias que proceda según sus reglamentos en respuesta a la demanda de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la cual busca información sobre las visitas a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en el penal de Soto del Real, Madrid.
Según un documento del 3 de julio, accesible por Europa Press, la UCO solicitaba a prisiones, «por ser de interés para las investigaciones», «ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan».
«En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible. Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas», agregaba, pidiendo a Instituciones Penitenciarias «la máxima discreción».
En un comunicado del 9 de julio, Prisiones notificaba a Puente sobre la petición de la UCO, asegurando que «se está cumplimentando», «salvo que por el tribunal se ordene lo contrario».
En una resolución emitida recientemente, Puente recuerda a Instituciones Penitenciarias que «ciertamente ninguna resolución se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida que pudiera ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto». Por lo tanto, insta a actuar «en los términos que considere normativamente conducentes».
RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
Fuentes de la defensa de Cerdán describen esta situación como un serio «atropello» a su derecho a la defensa, y consideran solicitar protección a los colegios de abogados relevantes.
El Supremo ordenó el encarcelamiento provisional de Cerdán el 30 de junio por presuntas infracciones de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, al identificarlo como líder de la supuesta red de cobro de comisiones por contratos públicos, implicando también al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor ministerial Koldo García.
Puente señaló un riesgo de destrucción, manipulación y ocultamiento de evidencias por parte de Cerdán, quien presuntamente conoce la identidad de los pagadores y receptores de los sobornos, detalles que aún están por aclarar en la investigación judicial.
Cerdán ha interpuesto un recurso alegando ser objeto de una persecución generalizada. La Fiscalía y las acusaciones populares encabezadas por el PP ya se han manifestado en contra y se espera que el TS celebre una audiencia de apelación el próximo martes para revisar su solicitud de liberación.